La semana pasada les hablaba de la utilidad o más bien, necesidad, de las redes sociales en la política y su importancia para los ciudadanos como herramienta para interactuar con los políticos y trasladar de una manera rápida y dinámica, tanto su acuerdo como su desacuerdo con ellos.
Me centré en Twitter y hoy vuelvo a hacerlo tras conocerse esta misma mañana la Sentencia del Juzgado de lo Penal número 11 de Madrid que condena a un tuitero a pagar 2.000 euros de multa al ex dirigente de Ciudadanos, Albert Rivera, por llamarlo cocainómano y desearle un infarto, hechos constitutivos de un delito de injurias.
Muchas veces nos hacemos la pregunta que encabeza esta columna, ya que en demasiadas ocasiones, la red que tanta agilidad informativa nos proporciona, puede llegar a ser un auténtico pozo de insultos y faltas de respeto, a veces llevadas hasta el límite de lo delictivo. Como siempre, la cuestión de fondo es hasta dónde llega la libertad de expresión, y por otro lado, hasta dónde la censura.
El caso concreto de twitter es muy llamativo, pues ha pasado de ser el bastión de la libertad de expresión a ser el censor de la misma y lo que es más grave aún, cualquier grupo organizado puede conseguir que el pajarito azul trabaje para él censurando a las personas que quiera silenciar, etiquetando tuits como peligrosos o altamente ofensivos, suprimiéndolos o finalmente cerrando cuentas. Basta con estar medianamente organizados y empezar la guerra con la connivencia de la maquinaria censora que, normalmente es sólo de un lado del escenario.
No es una cuestión baladí, sino que desgraciadamente está intímamente relacionada con las tendencias autoritarias de algunos gobiernos. El ejemplo más reciente de persecución ideológica en las redes en España lo ha desembocado el famoso procés de Cataluña.
Todos los que manejamos tuiter y hemos sido críticos con el golpe de Estado en Cataluña, desde políticos de primer nivel hasta simples ciudadanos, sabemos de nuestra inclusión en listas negras y la consiguiente persecución de los ejércitos de trolls que han acosado a los tuiteros no indepedentistas hasta límites insospechados. Ante estos hechos, que ocurren de forma masiva, empiezan a organizarse los otros para dar la réplica y así nos enzarzamos en una guerra sin cuartel donde el peligroso juego consiste en ver quién consigue cerrar o bloquear más perfiles.
En definitiva, hemos entrado en una dinámica en la que nos es complicado reconocer qué es una defensa cuando somos atacados, normalmente por motivos ideológicos, y qué es un atentado contra la libertad de expresión. Estamos en un auténtico bucle que sólo puede resolver la Justicia, pero claro, imagínense también lo que supondría tener a los Juzgados inundados de denuncias por injurias y calumnias en las redes, aunque de vez en cuando más de un desalmado merece un castigo mucho más ejemplarizante que el cierre de una cuenta.
Mar Rodríguez | Asesora en Comunicación Política