OPINIÓN | ‘Malos tiempos para la libertad’, por Mar Rodríguez

 

Llegado este punto de la cuarentena, creo que muy pocos son los que no tienen el sentimiento descorazonador de que estamos siendo privados cada día un poco más de nuestros derechos y libertades fundamentales.

Durante estas semanas de españoles encerrados en casa estamos asistiendo día sí y día también al dantesco espectáculo de un gobierno que, a golpe de decretazo y con un Parlamento cerrado sin nadie que le tosa, está imponiendo una serie de medidas de muy dudosa legalidad. A nadie se nos escapa a estas alturas que esos compañeros de viaje que escogió el presidente, son los que manejan los hilos de unas más que negras costuras.

Ayer, el Consejo General de la Abogacía se pronunció acerca de la intención gubernamental de acceder sin control a los móviles de los ciudadanos, y como todo lo que deciden, supuestamente amparados en el estado de alarma.

Lo que ocurre en realidad es que el estado de alarma decretado por el gobierno no faculta a éste a limitar los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos. La medida criticada consiste en el acceso sin control a datos privados y esto es claramente inconstitucional.

Es más, en ningún caso pueden suspenderse derechos, sino tan solo adoptar medidas que, con las limitaciones obvias, condicionen su ejercicio. Así es como debe interpretarse el artículo 55.1 de la Constitución que tan solo permite suspender derechos cuando se declare el estado de excepción o de sitio, pero no el de alarma.

Aún así, no todos los derechos pueden ser suspendidos y, en este caso, el derecho a la protección de datos es de los que ni siquiera en estado de excepción y sitio puede ser suspendido, mucho menos en el de alarma.

El contenido del derecho fundamental a la protección de datos consiste en un poder de disposición y de control sobre los datos personales que faculta a las personas para decidir cuáles de esos datos proporcionar a un tercero, sea el Estado o un particular, o cuáles este tercero recabar, y que también permite al individuo saber quién posee esos datos personales y para qué, pudiendo oponerse a esa posesión o uso.

En definitiva, el gobierno no puede usar el estado de alarma como excusa para tomar unas decisiones temerarias e infractoras para con los ciudadanos, pues todavía España es un Estado de Derecho en el que lo mínimo que debemos exigir los ciudadanos es ser amparados y tener las garantías suficientes de que nadie, por muy gobierno que sea, va a conculcar nuestros más fundamentales derechos y libertades.

Es en estos momentos cuando todos y cada uno de nosotros deberíamos tener como libro de cabecera la Carta Magna, la Constitución que tantos años de lucha y sacrificio costó conseguir y aferrarnos a ella como a bote salvavidas en el naufragio que estamos presenciando del Estado de Derecho.

 

Mar Rodríguez | Asesora en Comunicación Política

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