OPINIÓN | ‘La violencia sexual, una lacra a erradicar’, por Mar Rodríguez

Desgraciadamente, la violencia de carácter sexual, en especial contra las mujeres, aunque niños y adolescentes varones también la sufren, es una asignatura pendiente aún a pesar de la legislación internacional y las diferentes regulaciones legales en los distintos países.

En 2009, Amnistía Internacional denunciaba la falta de diligencia debida del Estado español en relación a las víctimas de violaciones de derechos humanos por violencia sexual. La organización ponía de relieve el incumplimiento de las obligaciones internacionales para garantizar los derechos de las mujeres víctimas y supervivientes de violencia sexual y formulaba recomendaciones, cuya práctica totalidad sigue sin implementarse. Años después de este informe, las mujeres que sufren violencia sexual siguen enfrentándose a un camino repleto de obstáculos y adversidades, caracterizados por la desprotección por parte de unas autoridades que deben adoptar medidas para garantizar y proteger sus derechos. Y es que siguen faltando políticas públicas que aborden de manera integral en todos los ámbitos este problema, así como el trato especializado y la dotación de personal cualificado (policial, judicial) que aún están a medio camino para llegar a una protección eficaz y con todas las garantías para las víctimas.

Pero realmente, ¿hemos avanzado en España en este tema?

La aprobación por el Pleno del Congreso de los Diputados del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, en septiembre de 2017 y su posterior ratificación por las comunidades autónomas y las entidades locales representadas en la Federación Española de Municipios y Provincias debe ser una oportunidad para incorporar todas las obligaciones derivadas del derecho internacional sobre la violencia de carácter sexual.

Si bien el Pacto de Estado reconoce la violencia sexual y su alta prevalencia, sólo hay 30 medidas que la identifican de forma específica. Aunque hay propuestas que podrían aplicarse también a la violencia sexual, no terminan de ser suficientemente claras, al quedarse diluidas bajo el epígrafe de la violencia de género en los términos que establece la Ley Integral. Es llamativo que no se hayan desarrollado medidas contra la violencia sexual en el ámbito de la prevención y sensibilización en áreas como el deporte, la sanidad o el ámbito laboral.

El Estado español tiene el deber de prevenir todas las formas de violencia contra las mujeres por motivos de género, incluida la violencia sexual. Un apropiado marco de políticas públicas desde un enfoque de género y derechos humanos es clave para la prevención.

Y aquí está el problema, nos faltan políticas y campañas de prevención y educación, y sobre todo SENSIBILIZACIÓN, a pesar de que la mayoría de estas campañas se realizan a nivel autonómico y no a nivel estatal, aunque esta “dejadez” o “desidia” no exime al Estado de su responsabilidad con respecto a todas las mujeres y su obligación de protegerlas.

El primer estudio de la Delegación del Gobierno para la violencia de género se presentó en 2018 y versaba sobre la percepción social de la violencia sexual, muy deficiente en cuanto a recopilación de datos sobre la prevalencia y la magnitud de la violencia sexual.

La recogida de datos que ofrece el Observatorio de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, se circunscribe sólo a la violencia de género en el ámbito la pareja o expareja. El portal de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género ofrece desde 2003, y de manera actualizada, las cifras de mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas, las denuncias presentadas por violencia de género y otros indicadores relevantes sobre violencia de género por parte de la pareja o expareja. En cambio, no se recogen casos cuando existen otras violencias, en contextos de precariedad y vulneración de derechos laborales, como por ejemplo mujeres en situación irregular que trabajan en el sector del servicio doméstico u otros ámbitos. Tampoco se recogen datos respecto a mujeres con algún tipo de discapacidad. Y no contempla ningún indicador sobre violencia sexual ni sobre víctimas mortales por violencia sexual. Es obvio pues que nos faltan pasos importantes.

Realmente no hemos avanzado tanto ya no en regulaciones y marcos normativos, como en la prevención y concienciación del problema y el trato a las víctimas. Es escaso aún el personal especializado que requieren estas mujeres, como escasa es la formación y capacitación ofertada por las instituciones. Esta carencia profesional del personal repercute directamente sobre las víctimas, pues es necesario que estén bien aconsejadas en cada paso que deben dar. Los daños y las secuelas que puede provocar cualquier forma de violencia sexual deben ser debidamente asistidos por todo el personal que en algún momento del proceso esté en contacto con las víctimas – tales como profesionales de la salud, operadores jurídicos, profesionales de la intervención social o de las fuerzas y cuerpos de seguridad–, siendo esencial su adecuada coordinación.

Su labor transciende el ámbito asistencial, situándoles en un lugar excepcional para la prevención de la violencia sexual y reparación de las víctimas, supervivientes y familiares.

Podemos concluir que no existe un modelo único de abordaje de las violencias sexuales, que cada comunidad tiene el suyo, las que lo tienen, y por tanto ofrecen servicios diferentes y es muy necesaria la coordinación del gobierno central para que garantice la existencia de unos servicios mínimos en todo el territorio nacional de asistencia integral especializada y podamos, de una vez por todas, erradicar este terrible problema que estigmatiza a muchas mujeres de por vida.

Mar Rodríguez | Abogada y Asesora en Comunicación Política

El Día Menos PensadoPodcast