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OPINIÓN | ‘De bulos, fakes y otras hierbas’, por Mar Rodríguez
DE BULOS, FAKES Y OTRAS HIERBAS
por Mar Rodríguez, asesora en comunicación política
El pasado mes de abril, en pleno confinamiento, la Fiscalía General del Estado acuerda abrir una investigación por la difusión de bulos sobre el coronavirus en redes sociales como Twitter. La Unidad de Criminalidad Informática incoa diligencias con el objetivo de determinar a qué órgano del Ministerio Público le corresponde investigar estos hechos, que habían sido denunciados por Unidas Podemos.
Los supuestos delitos eran “simulación de peligro, calumnias e injurias a altas instituciones del Estado y organización criminal”. Les faltaron los dos huevos duros.
Una de las difusiones presuntamente criminales era aquella foto de los ataúdes en un almacén que, finalmente se determinó correspondía a un naufragio en Lampedusa en 2013.
A nadie se nos pasa ya por alto que la intención de politizar la justicia por parte de los gobernantes incluye maniobras tan absurdas como este tipo de denuncias dentro de ese contexto ideológico del “ a los jueces vas”, pero solo si las fechorías las hacen los que no piensan como nosotros. O presuntas fechorías, vamos a hablar con propiedad jurídica.
Afortunadamente y, mientras siga habiendo jueces con criterio judicial y sin manifiesto criterio político, estos presuntos delitos perpetrados por los usuarios de las redes sociales, no serán considerados como tales, porque no lo son, a pesar de que al señor vicepresidente del Gobierno se le ponga en el moño.
Obviamente las denuncias han sido archivadas amparados los hechos en el el derecho constitucional a la libertad de expresión. Según el propio auto de archivo, “no puede restringirse ni perseguirse penalmente una opinión solamente por ser contraria al Gobierno y por considerar que las imágenes que se acompañan a la misma no se ajustan a la realidad”.
La Fiscalía insiste en que las imágenes son meras manifestaciones críticas, pero que realmente querían evidenciar la realidad en ese momento en nuestro país, miles de muertos, y eso sí era una realidad que preocupaba enormemente a la ciudadanía.
El auto de sobreseimiento es de quitarse el sombrero, desde luego, y a los únicos que deja en evidencia es a los denunciantes, esos miembros del Gobierno que, por cierto, están imputados por la presunta comisión de delitos infinitamente más graves que la difusión de un bulo, que no lo es, aunque ellos también lo hagan a diario en las redes sociales.
Y es que la Justicia no está para tonterías y ser tonto no es delito. El sistema judicial y la seguridad jurídica están para garantizar de verdad de la buena el funcionamiento de un Estado de Derecho.
