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OPINIÓN | ‘Cuarentena: tercera semana’, por Juana Rocamora (SOMOS REGIÓN)
Cuando han pasado dos semanas del estado de alarma en nuestro país, nos enfrentamos a una tercera semana, algunos confinados en casa, otros hospitalizados y los que siguen al pie del cañón, en primera línea de fuego trabajando fuera de casa.
Más de 110.000 personas contagiadas y más de 10.000 personas fallecidas, desde que comenzó la propagación del COVID19, en España.
A los tentáculos del virus, no hay rincón del mundo que se le resista. EEUU, Italia y España, encabezan la lista de contagiados, confiando en que los datos, que publican otras naciones, correspondan con la realidad que se está viviendo. Esta realidad dista mucho de unos países a otros, en concreto, si observamos a los países europeos, la diferencia de contagiados y fallecidos de unas a otras naciones, con respecto a Italia y España, es bastante llamativa. Muchos expertos relacionan estas diferencias con el clima, cultura,…del país en cuestión. Otros lo relacionan con las medidas adoptadas en materia de prevención para evitar el avance de la pandemia. En cualquiera de los casos es una evidencia que España junto con Italia, están siendo las más azotadas por el virus.
El castigo al que está siendo sometido el mundo, y en particular los ciudadanos españoles, empieza a generar fricciones entre la sociedad. Se filtran videos de una concejal, en una celebración en pleno confinamiento, una alcaldesa en una reunión del coronavirus, viendo HBO, en general personas que se espera sean un ejemplo, ya que representan a los ciudadanos y por otro lado muchos de ellos siguen percibiendo su salario, a pesar de que en la mayoría de los casos han visto disminuida de manera considerable sus funciones.
Muchos de los españoles ven como se han quedado sin trabajo, otros han visto reducido su sueldo a más de la mitad, y otros son esenciales, presencialmente hablando, por lo que no pueden trabajar desde casa asumiendo el riesgo de contagiarse por el mismo salario que percibían antes, y sin medidas de protección aptas para el desempeño del trabajo a realizar.
Es de sobra conocido que, en tiempos de crisis, se agudiza el ingenio de los representantes políticos para seguir manteniendo sus derechos, ampliables a todas sus empresas, y disminuir los del resto de los ciudadanos. Por lo que los únicos que adquieren deberes y cargas económicas son los ciudadanos.
Es inevitable preguntarnos ¿Por qué, en la situación de alarma, muchos de los españoles vemos mermada nuestra economía para ayudar a nuestra nación y el sector político y de libre designación, se mantiene inmune? Y es que no es fácil prescindir del poder adquisitivo, al que uno estaba acostumbrado. Todos los representantes políticos de España, todos los que perciben una retribución económica del bolsillo de los ciudadanos, y que actualmente no figuran como actividad esencial, aprobado por el consejo de ministros, todas estas personas que han visto disminuido su volumen de trabajo y que incluso ni asisten al mismo, deberían de someterse a un expediente de regulación temporal de empleo, como el resto de los españoles. Entonces, cuando estas personas vean que tienen que solicitar las ayudas aprobadas por el gobierno de la nación, se darán cuenta que, para pagar el alquiler y los suministros de la vivienda, donde residas, te dan un préstamo que tienes que devolver, que el salario que vas a percibir para nada es comparable con lo que anteriormente estaban percibiendo y así con todo.
Además, es posible que tampoco puedan acceder a las ayudas, porque, aunque su salario se vea disminuido de manera considerable no será apto para recibir la ayuda. Es el gobierno el que debe predicar con el ejemplo, el resto de ciudadanos ya han demostrado su valor y solidaridad. Es el gobierno el que debe aplicar estas medidas, porque es de justicia y de igualdad social.
Y cuando ya empiezan los reproches entre las distintas fuerzas políticas de España, nos damos cuenta que ni los malos son tan malos ni los buenos son tan buenos.
Otra semana más, en cuarentena, y como la semana pasada, el pueblo español a disposición de lo que decrete el gobierno de la nación.
