El próximo sábado termina el plazo establecido en el decreto de cierre de la hostelería regional, que anunciaba y ponía en marcha hace dos semanas el Ejecutivo autonómico, de cara a controlar la curva de contagios fuertemente disparada durante las últimas semanas de octubre y que nos abocaban a un colapso del sistema sanitario.
Ése fue el motivo del cierre de la hostelería: evitar los contactos sociales al máximo, de cara contener la curva de contagios, algo que en la última semana parece haberse conseguido y que (después de cinco días con tasas de positividad en descenso –al igual que el número de contagios detectados) podría abrir la puerta a la vuelta a la actividad del sector hostelero.
Una vuelta que, desde Ciudadanos, tal y como anunciaba ayer su coordinadora (y también portavoz del Gobierno regional) van a proponer hoy al Comité de Seguimiento de la COVID-19 regional, que sea posible en aquellos municipios que no superen un umbral que deberán fijar (advierte Martínez Vidal) los expertos, y con las medidas restrictivas (como aforos) que sigan considerando esenciales para que la situación epidemiológica no vuelva a descontrolarse.
Con esta apertura selectiva (atendiendo a la situación de los municipios) se lograría recuperar la actividad de los hosteleros en aquellos lugares con una situación epidemiológicamente más estable, y con ello (insisten desde la formación naranja) no se seguiría perjudicando a la hostelería en la Región de una manera indiscriminada.
Esa es la proposición que hoy hará Ciudadanos en esa reunión a los expertos, y que puede tener visos de ser el próximo escenario al que nos encontremos a partir del próximo sábado, atendiendo a la evolución positiva (en esa contención de la segunda ola de la pandemia) que parece estarse consolidando en los últimos días. Y es que la línea descendente de la curva epidemiológica continúa en la Región.
El pasado domingo (últimos datos disponibles, dados a conocer ayer por salud) se registraban 243 positivos. Una cifra muy baja con respecto a las que se arrojaron durante las últimas semanas. Eso sí, el menor número de pruebas realizadas durante el fin de semana puede estar detrás de esta cifra tan reducida atendiendo al histórico (como decimos) de las últimas semanas.
Una tasa de positividad que también alcanzaba el segundo dato más bajo de las últimas semanas situándose en el 10,4%.
Eso sí, en lo que no conseguimos revertir la tendencia (ya tristemente consolidada) es en los fallecimientos.
Seguimos arrojando cifras altas diarias, en cuanto a fallecidos con COVID, que ya alcanza los 497 desde el inicio de la pandemia en nuestra comunidad. El domingo, fallecían 9 personas más (seis hombres y tres mujeres de entre 73 y 90 años).
Y como hacemos cada mañana le echamos también un vistazo a uno de los ámbitos a los que mayor atención prestan los expertos, y es al sistema sanitario, al grado de ocupación de los hospitales y las UCI de la Comunidad.
Actualmente hay 610 enfermos ingresados, dos más que hace 24 horas, pero se mantiene bastante por debajo de los niveles más altos alcanzados durante la semana pasada.
Y 106 de esos pacientes están ingresados en UCI (lo que supone también dos más que el día anterior).
Por cierto que, la Consejería de Salud ha prohibido las visitas a pacientes del hospital Rafael Méndez de Lorca tras registrar un brote de coronavirus en su planta de Medicina Interna, con cuatro pacientes afectados.
La decisión de no permitir visitas se toma para evitar más contagios ya que se advierte de que el origen de este foco «puede deberse a esta circunstancia».
Y ya saben que La Fiscalía Superior de la Región ha abierto diligencias para investigar el supuesto abandono de ancianos ingresados en residencias de nuestra comunidad, después de la denuncia pública realizada por técnicos en cuidados auxiliares de enfermería, que trabajan en este tipo de complejos, y secundada desde el Sindicato de Auxiliares de Enfermería.
Según publicaba en las últimas horas (a través de fuentes del Ministerio Público, consultadas por el diario regional) el objetivo de esta actuación es determinar hasta qué extremo se corresponden con la realidad las manifestaciones realizadas por estos profesionales (publicadas en ese mismo diario la semana pasada), sobre la deficiente atención sociosanitaria e higiénica que se presta a algunos de los residentes, ya que -de recabarse indicios en ese sentido- podrían llegar a ser constitutivos de un delito de abandono o similar.
Quien también presentaba ante la Fiscalía una denuncia en este sentido, era el secretario general del PSRM-PSOE y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Diego Conesa, quien subrayó que esta iniciativa tomada por los socialistas no está relacionada con la investigación ya iniciada de la Fiscalía que les comentábamos hace un momento, sino por haber tenido conocimiento en el partido en los últimos días de que el estado de cuidado de los usuarios en algunas residencias es –dijo- lamentable, dándose situaciones de insalubridad, falta de higiene en las instalaciones o falta de aseo personal”.
El Partido Popular de la Región de Murcia hacía ayer un llamamiento a la unidad de todos los partidos políticos regionales con representación en el Congreso de los Diputados para que en los Presupuestos Generales del Estado se apruebe la enmienda que el PP registra hoy con el objetivo de que se permita que todos los que participen en la recuperación, rehabilitación y regeneración de la zona puedan acogerse a beneficios fiscales de hasta un 35% por invertir en el Mar Menor.
El secretario general del PP, el murciano Teodoro García Egea, se reunía ayer mediante videoconferencia, junto al presidente del PP regional, Fernando López Miras, con agricultores, asociaciones, empresarios, alcaldes y portavoces del PP en los ayuntamientos ribereños del Mar Menor donde les explicó esta propuesta, con la que se solicita al Gobierno Central que establezca los mecanismos que permitan implicar en la rehabilitación ambiental y la recuperación económica del Mar Menor y su comarca a todo el tejido productivo, asociaciones de vecinos, organizaciones no gubernamentales y entidades de todo tipo.
García Ega asegura que mediante este mecanismo se incentivaría la inversión que favorezca la rehabilitación y regeneración del Mar Menor, además de apostar por la reactivación económica de la zona, por lo que hacía un llamamiento a todos los parlamentarios, alcaldes, partidos políticos y sociedad civil para sacar adelante esta enmienda (independientemente de colores políticos).
Desde el PSOE regional, el diputado nacional Juan Luis Soto sigue insistiendo en que los Presupuesto generales del Estado planteados por el Gobierno en coalición entre PSOE y PODEMOS son buenos para la Región y para aquellos que peor lo están pasando. Por eso, pide lealtad, colaboración y respaldo a los Presupuestos, y pide al PP y a García Egea que abandonen la manipulación, la confrontación y la mentira.
Y donde también están haciendo un frente común los populares en la Región de Murcia es en torno a la Ley de Educación de la ministra Celáa, que califican de sectaria e ideológica.
De hecho, el PP regional está promoviendo una ofensiva parlamentaria en los ayuntamientos contra la reforma educativa que estos días se tramita en el Congreso a instancias del Gobierno central y que –a juicio de los populares- atenta contra la libertad de los padres a decidir cómo quieren que sea la educación de sus hijos.
Fernando López Miras, ha insistido en los últimos días en que la enseñanza concertada, las cooperativas y la educación especial en nuestra comunidad, van a seguir contando con el apoyo del Gobierno regional al advertir que complementan y hacen más fuerte la enseñanza en nuestra comunidad.
La consejera de Educación, Esperanza Moreno, mantenía ayer un encuentro con los alcaldes y portavoces del PP, de cara a impulsar la ofensiva parlamentaria en los municipios y poner en marcha en la Región la campaña de firmas que se está llevando a cabo en todo el país.
Moreno advierte que esta es una ley anticonstitucional, pero que no va a coartar derechos dentro de la capacidad de actuación que tenga la comunidad autónoma, en el marco de sus competencias, e insiste en que la Ley Celáa supone un ataque a la educación concertada, pone en riesgo a los Centros de Educación Especial y relega al Castellano a una mera asignatura rechazando su carácter de lengua vehicular de contenidos.
Desde el PSOE regional critican que mientras la comunidad educativa pide auxilio a López Miras ante la gestión de la crisis sanitaria y económica de la COVID, desde el Ejecutivo regional sólo se trate de abrir un debate basado en un interés partidista y faltando a la verdad.
Por cierto que, este próximo miércoles, la Ley Celáa será uno de los temas sobre los que los portavoces parlamentarios preguntarán al presidente regional durante el Pleno de Control, que tendrá lugar en la Asamblea Regional, donde también se le preguntará al Jefe del Ejecutivo murciano sobre la implantación de la modalidad presencial en las aulas de nuestra comunidad.
Y es que, Ciudadanos apuesta por la vuelta a la presencialidad en los colegios, pero con la máxima seguridad. Durante la Comisión de Educación y Cultura celebra ayer en la cámara autonómica, la portavoz de Docentes Unidos y el presidente de la Confederación de Federaciones de Asociaciones de Padres de Alumnos de la Región de Murcia (Confapa) avalaron la medida de Ciudadanos para establecer personal sanitario en los centros educativos.
El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea Regional, Juan José Molina, volvió a solicitar que se haga efectivo el proyecto de enfermería escolar para hacer posible la vuelta a las aulas.
La formación naranja cree que esta vuelta a clase sería posible compatibilizándola también con cribados masivos entre alumnos y personal docente y la instalación de sistemas de purificación de aire.
Molina lamenta que «mientras algunos grupos políticos buscan el titular fácil sin tener en cuenta las medidas sanitarias, desde Ciudadanos apuestan por hacerlo con las medidas pertinentes, sin escatimar recursos.