Metrópolis Daily (06/10/2020)

La Región de Murcia transformará su ley de Vivienda para combatir la ocupación con más mecanismos de control y sanciones de hasta 90.000 euros para quienes se establezcan por la fuerza en casas de titularidad pública. Lo anunciaba ayer, el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, en Cartagena, donde avanzó que el Consejo de Gobierno de esta semana, aprobará en su reunión del jueves el decreto ley de Vivienda y Lucha contra la Ocupación con el que frenar esa práctica y hacer frente a las mafias que la han convertido en un negocio altamente lucrativo en los últimos tiempos.

Un día, el de ayer, en el que el PP en la Asamblea anunciaba que quiere abrir una Comisión de Investigación en la Asamblea con la que esclarecer el papel que está desempeñando el Delegado del Gobierno en Murcia en la crisis migratoria provocada por la llegada de más de 3.000 inmigrantes irregulares en los últimos meses a nuestras costas. Una gestión que -llevan denunciando desde el PP, hace semanas- está siendo negligente por parte de la Delegación del Gobierno central en nuestra Comunidad, y que aprovechan para denunciar el abandono de nuestra comunidad, en esta materia, por parte del Gobierno de España.

Una semana que, como ven, comenzaba fuerte en lo político y en la que, un día más, estuvimos pendientes de los datos que nos sigue dejando a diario la COVID-19.

Ayer, la Consejería de Sanidad comunicaba 387 nuevos casos detectados de COVID durante las últimas 24 horas, en una jornada en la que los fallecidos volvían a ser tristes protagonistas. Una mujer de 91 años de Totana fallecía dejando el marcador de muertos a causa del COVID en nuestra Comunidad (desde que se iniciara la pandemia) en 222.