La abogada y asesora en comunicación política, Mar Rodríguez, coge la lupa de Metrópolis Daily.
Los usuarios de las redes sociales no nos habíamos encontrado antes con el curioso fenómeno que se está produciendo desde que estrenamos este nuevo gobierno y es el bloqueo sistemático por parte de ministros en particular y otros cargos institucionales en general de miles de ciudadanos por el mero hecho de rebatirles un argumento o llevarles la contraria, es decir, nunca antes habiamos tenido una clase política con la piel tan fina.
Los ciudadanos nos preguntamos en muchas ocasiones si los gobernantes y las cuentas oficiales de los mismos tienen o no derecho a bloquear a quienes, con sus impuestos, les pagan el salario, les hayamos votado o no.
En Estados Unidos ya existe un precedente de la Corte de Apelación a la que acudieron ciudadanos indignados por la política bloqueadora de Trump en las redes sociales y ganaron gracias a la Primera Enmienda, que es la que regula la libertad de expresión en aquel país.
Pero, ¿qué pasa e España y Europa al respecto? El artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos señala que “Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras. Si bien el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no se ha pronunciado sobre este asunto en concreto, ha asegurado que Internet es el principal medio para ejercer el derecho a la libertad de expresión y de información, ya que en ese espacio se encuentran herramientas esenciales de participación en actividades y debates relativos a cuestiones políticas o de interés público. Leyendo el artículo 10 del CEDH y la jurisprudencia se deduce que los políticos que bloquean a los ciudadanos en redes sociales debido a sus críticas están conculcando uno de sus derechos fundamentales, ya que en esas cuentas existe información de interés público.
El TEDH ha afirmado que las restricciones a la libertad de expresión son necesarias para la subsistencia de una sociedad democrática respetando el principio de proporcionalidad. Evidentemente, no es proporcional restringir a los ciudadanos el acceso a un foro de opinión público.
Los políticos, en especial los de la izquierda gobernante en España, están demostrando tener la mecha muy corta en las redes sociales. Yo misma estoy bloqueada por la mitad de los miembros del gobierno en Twitter. No hace falta insultar ni soltar una sarta de improperios, con dar una pequeña muestra de no ser de su cuerda basta. La cuestión es que nadie aún ha llevado este asunto a los Tribunales en España y no existe ningún precedente. ¿Podría hacerse?
Por supuesto. La cuestión es si de llegar una demanda de este tipo al Tribunal Constitucional, que ya sabemos todos de la patita que cojea, se ganaría…..
Yo tengo mis seria dudas con este gobierno que está tomando al asalto las instituciones del Estado porque, si lo hacen a estas instancias, qué no van a hacer con los españolitos de a pie.
Mar Rodríguez | Asesora en comunicación política